Entradilla
Cuando una empresa deja de funcionar y no da de baja a sus trabajadores, la situación puede complicarse mucho. Los administradores pueden enfrentarse a responsabilidades importantes, y los propios empleados pueden ver afectados sus derechos. En AG Abogados y Gestores conseguimos que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) actuara de oficio y tramitara las bajas laborales, poniendo fin a un problema que llevaba meses sin resolverse.
Un caso que marca un precedente práctico sobre cómo una buena intervención jurídica puede desbloquear la inacción administrativa.
1. El punto de partida: una empresa sin actividad, pero con trabajadores “fantasma”
En el ámbito del Derecho Laboral, uno de los problemas más habituales es el de las empresas que, por diferentes motivos, dejan de tener actividad pero no comunican la baja de sus trabajadores a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Esto crea una distorsión tanto jurídica como administrativa: los empleados siguen apareciendo como “en alta” aunque ya no trabajen, y la empresa acumula cuotas impagadas, recargos y posibles sanciones.
El caso que llegó a nuestro despacho era exactamente así:
Una sociedad mercantil que había cesado toda actividad desde mayo de 2025, tras el fallecimiento de su administrador único.
La socia restante no había realizado ninguna gestión para liquidar la empresa, y los trabajadores seguían figurando dados de alta en el sistema RED.
Mientras tanto, la TGSS, a pesar de la evidente inactividad, no tramitaba las bajas de oficio.
El riesgo era doble: por un lado, se generaba una deuda ficticia con la Seguridad Social, y por otro, el administrador podía ser considerado responsable solidario por no cumplir con sus obligaciones legales.
2. La estrategia legal: activar el procedimiento de oficio ante la TGSS
Desde el Departamento Laboral de AG Abogados y Gestores diseñamos una estrategia clara: demostrar de manera irrefutable que la empresa no tenía actividad y solicitar que la TGSS actuara por iniciativa propia.
El punto clave estaba en el Real Decreto 84/1996, que regula la inscripción de empresas y las altas y bajas de trabajadores en la Seguridad Social.
Esta norma permite que la TGSS acuerde las bajas de oficio, siempre que compruebe los hechos que lo justifiquen.
Sin embargo, en la práctica, esa facultad rara vez se ejerce si no hay un impulso jurídico. Por eso, elaboramos un expediente completo que acreditaba:
El cierre efectivo de los centros de trabajo (con certificados municipales y prueba de la ausencia de actividad económica).
La inexistencia de relaciones laborales vigentes (mediante comunicaciones con los trabajadores y la falta de nóminas o cotizaciones).
Con toda esta documentación, solicitamos formalmente a la TGSS que iniciara un procedimiento de baja de oficio conforme a la normativa vigente.
3. La actuación de la TGSS: de la resistencia inicial a la resolución favorable
En un primer momento, la TGSS respondió que no podía cursar las bajas sin una comunicación expresa del empresario. Este argumento, bastante común en la práctica administrativa, se basaba en una interpretación muy restrictiva del reglamento.
Sin embargo, nuestro equipo jurídico defendió que:
El principio de eficacia administrativa (artículo 103 de la Constitución Española) obliga a la Administración a actuar para corregir irregularidades.
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común permite iniciar actuaciones de oficio cuando exista un interés público.
Mantener las altas ficticias vulneraba el principio de veracidad registral y perjudicaba tanto a los trabajadores como a la Hacienda Pública.
Tras una fase de alegaciones muy completa ante la Unidad de Afiliación y Recaudación Ejecutiva, logramos que la TGSS reconociera la procedencia del procedimiento de oficio.
El resultado fue claro: la Tesorería acordó formalmente las bajas de los trabajadores inactivos, regularizando la situación de la empresa sin necesidad de abrir un expediente sancionador ni derivar responsabilidades.
4. El impacto del caso: seguridad jurídica y eficiencia administrativa
La resolución obtenida no solo benefició a nuestro cliente.
Entre los principales efectos positivos destacan:
El cierre administrativo de un expediente que generaba deuda improcedente.
La protección del administrador frente a posibles responsabilidades personales.
La regularización del historial laboral de los trabajadores afectados.
La mejora del control institucional al depurar datos inexactos del sistema.
La posibilidad de que los empleados pudieran solicitar la prestación por desempleo.
Este caso demuestra que una correcta interpretación y aplicación de la normativa puede transformar una situación bloqueada en una solución eficaz, protegiendo derechos y evitando perjuicios tanto económicos como legales.
5. Un ejemplo de colaboración técnica y jurídica
La actuación no se limitó a presentar una reclamación formal. Supuso un trabajo conjunto de análisis normativo, argumentación jurídica y gestión directa con la Administración.
Además, la TGSS valoró de forma muy positiva la documentación presentada, que permitió verificar la inactividad de la empresa y proceder a las bajas sin necesidad de acudir a la vía contenciosa.
Esta colaboración refuerza el papel de los despachos especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social como aliados clave del sistema, capaces de resolver conflictos con una visión integral y práctica.
6. Claves jurídicas del éxito
Fundamento legal: Real Decreto 84/1996, que faculta a la TGSS a actuar de oficio.
Principios aplicables: eficacia administrativa, interés público y veracidad registral.
Prueba documental sólida: el expediente probatorio fue esencial para demostrar la inactividad real.
Estrategia procesal: se optó por la vía administrativa previa, evitando litigios innecesarios.
Comunicación institucional: el tono colaborativo con la TGSS facilitó una resolución rápida y favorable.
7. Conclusión: Derecho Laboral al servicio de la seguridad jurídica
El caso resuelto por el Departamento Laboral de AG Abogados y Gestores demuestra que la práctica jurídica, cuando se ejerce con rigor y conocimiento técnico, puede generar cambios reales en la Administración.
Conseguir que la TGSS inste de oficio las bajas de trabajadores inactivos no solo permitió regularizar una situación irregular, sino que también evidenció cómo el Derecho puede ser una herramienta de eficiencia y justicia social.
En un contexto donde la automatización y la digitalización avanzan en la Seguridad Social, la intervención humana y la interpretación jurídica siguen siendo esenciales para garantizar que los principios de legalidad y equidad prevalezcan sobre la inercia administrativa.
